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Derechos vacantes

El problema de la falta de vacantes en los distintos niveles educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indica que, aún en el distrito más rico del país, se violan los derechos establecidos en su Constitución. Esta situación pone en riesgo la trayectoria educativa de niños, niñas y adolescentes. ¿Quiénes soportan esta crisis? Las mujeres que mayoritariamente se encuentran a cargo del cuidado infantil. 

Existe una fuerte preocupación en la Ciudad debido a que miles de familias se encuentran sin vacantes para sus niños y niñas en este ciclo lectivo 2019. Según Myriam Feldfeber, directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), esta situación se contrapone con lo establecido por la Constitución de la Ciudad, que reconoce en su artículo 24: la responsabilidad estatal indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar los diez años de escolaridad o el período mayor que la legislación determine. Se evidencia entonces un hiato entre lo determinado por el derecho positivo y lo declarado por la Ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, en varias ocasiones, cuando sostuvo: no hay falta de vacantes en Ciudad, porque el gobierno está obligado a brindar vacantes a partir de los cuatros años de edad .

Opacidad de los datos oficiales, falta de infraestructura y aulas hacinadas A la fecha, el Gobierno de la Ciudad no ha publicado la situación de la totalidad de las solicitudes realizadas a través del sistema de inscripción on line ni de la disponibilidad de vacantes. Así es que ante la ausencia de información oficial, distintos actores han intentado recomponer los elementos centrales de este escenario: un informe periodístico recientemente 2 difundido indica que en 2019 más de 17 mil niñas y niños se encuentran en lista de espera, según un desagregado que releva 14.209 casos para el nivel inicial, 2248 para el nivel primario y 576 para el secundario. Como solución de emergencia, las autoridades porteñas han decidido orientarse hacia la superpoblación de las aulas ya existentes, en particular en el sur de la Ciudad. Al respecto, Feldfeber sostiene: El Gobierno de la Ciudad debería construir las escuelas de nivel inicial, primario y secundario necesarias para que todas las chicas y todos los chicos no solamente tengan su vacante sino que también lo hagan en condiciones que les permitan desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que significa, entre otros aspectos, que las y los docentes cuenten con las condiciones de trabajo adecuadas y no con grupos numerosos. En el mismo sentido, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) hizo público en marzo un documento sobre el estado de la situación educativa 3 luego de la campaña de la alianza Cambiemos para llegar al gobierno: en 2017 sólo un 21,9% de las obras con presupuesto asignado mostraron avance físico. 

Para ese entonces, con la asunción del Ministro de Educación de la Nación Alejandro Finocchiaro tuvieron que admitir su incompetencia en las políticas de planificación educativa y cambiar la idea de 3000 jardines planteada en un inicio, a un programa de 10.000 aulas, reconociendo que en sus primeros cálculos no se habían considerado necesidades básicas como el hecho de contar con terrenos y el presupuesto necesario para pagar los salarios del personal docente. Así se llegó a un 2018 en el que se construyeron 150 aulas -no escuelas- de las 3.043 previstas, es decir, el 36,6% de los proyectos presupuestados. Este año, como resultado de la profundización de la crisis económica, se prevé la construcción de un 75% menos de lo previsto para 2018. Desde CTERA denunciaron que sólo entre los dos últimos años se desperdiciaron partidas por un total de $7.775 millones, con lo que se podrían haber construido 540 jardines o 3000 aulas: la política económica del gobierno nacional, atada a los mandatos del FMI, confirma lo que nuestra organización gremial viene denunciando: un ajuste feroz en políticas públicas educativas, con la desresponsabilización del Estado Nacional en el financiamiento educativo, que aumentó considerablemente la desigualdad entre las provincias y sus respectivas poblaciones. El resultado de la subejecución presupuestaria y de la desinversión, junto con la falta de información pública, se desliza hacia la judicialización de los reclamos, posibilidad que sólo está al alcance de ciertos grupos poblacionales. Los CPI: peor el remedio que la enfermedad Los Centros de Primera Infancia (CPI) de la Ciudad de Buenos Aires dependen del área de Desarrollo Social y no tienen un abordaje educativo en el cuidado de los niños y las niñas. 

Al respecto de estas instituciones, Ana Malajovich, directora de la Carrera de Especialización en Educación Infantil de la Facultad, refiere: En general las familias que los utilizan carecen de alternativas y no pueden pagar cuidados en su casa o cualquier otra alternativa privada. Las familias critican de los CPI la gran rotación de personal y esto tiene que ver con que las personas que trabajan allí son monotributistas, algunas también son docentes y otras no. Los que son docentes en cuanto consiguen puestos en el sistema educativo se van. Luego, algunos CPI dependen de organizaciones sociales, que reflejan intereses de sectores comunitarios, y otros más bien se comportan como meros negocios. Esta salida de contingencia que se encuentra en CABA se viene sosteniendo sin que se construyan los jardines que se deberían construir.

 A la vez, Malajovich explica que al no poseer una supervisión pedagógica, los CPI reciben visitas de observación dos veces al año, pero que estas quedan en el vacío, incluso sin poder de sanción. Además de atravesar fuertes problemáticas edilicias, estas instituciones están en un escenario de desigualdad de recursos con respecto a las escuelas públicas, denegando de esta manera el ejercicio efectivo de un derecho universal que está garantizado constitucionalmente desde los 45 días de edad. El mapa de la distribución de los CPI marca la abrumadora presencia de estas instancias paliativas en la zona sur, donde se encuentra la mayor cantidad de familias que están atravesando una fuerte crisis económica. Esta imposibilidad de acceso del sistema educativo formal profundiza aún más su situación de exclusión social.

Escolarización y cuidado(s) Según Mónica Tarducci, directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras, las investigaciones realizadas sobre el cuidado de la infancia muestran que en su enorme mayoría son las mujeres las que están a cargo, y son ellas quienes se ocupan de lo relativo a los traslados y del acompañamiento en los pedidos de las escuelas o la comunicación con las y los docentes. Asimismo, tal como consigna Laura Cerletti (2017), en los diversos tipos de familias, y con mayor énfasis en las monoparentales, las mujeres son quienes, en relación a los hombres,adquieren más centralidad en el cuidado de los niños y las niñas. La consecuencia de la política educativa de la Ciudad redunda en que esas mujeres queden relegadas en una posición de fuerte subalternidad, tanto en relación a la escolarización de los niños y las niñas a cargo, como en lo vinculado a su inserción en el mercado de trabajo. Esto se evidencia en el testimonio de Micaela López Rodríguez, mamá de León (4 años), co-fundadora del Colectivo La Vacante es un Derecho:  León es mi único hijo y a su vez soy la única que ejerce el rol de maternar en su vida. Somos una familia monomarental. Soy la que sostiene económicamente a nuestra pequeña familia. En este contexto, en el año 2015 realmente necesitaba que mi hijo apenas nacido fuera a una institución estatal para iniciar su escolaridad temprana, porque lógicamente hay que salir a trabajar para sostener a la familia. En noviembre de ese año me notificaron que había quedado fuera del sistema escolar. A través de grupos de Facebook y de diferentes instancias online me contacté con otras familias en la misma situación y con seis compañeras nos encontramos a mediados de diciembre para apersonarnos en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y empezar lo que no sabíamos iba a ser un camino de reclamos que nos iba a llevar finalmente a formar el colectivo La vacante es un derecho, que hoy lleva cuatro años ininterrumpidos, asesorando y acompañando a diferentes familias sin vacantes. No solamente atendemos y contenemos a mamás y papás sino que también se acercaron tías y abuelas que hoy forman parte del movimiento también. 

En ese camino encontramos muchísimas experiencias y dificultades, atravesadas por la presencia de lo femenino y por la presencia de las mujeres, Hoy por hoy la composición del colectivo es mayoritariamente femenina, pero también hay papás que participan aunque en un rol más secundario. Se puede concluir, entonces, que las distintas dimensiones de la política educativa de la Ciudad descriptas en este informe tienen como consecuencia, por un lado, la expulsión del sistema formal de los niños y las niñas que provienen, mayoritariamente, de las familias de menor poder adquisitivo, profundizando de este modo su situación de exclusión socioeconómica. Y, por otro, que son las mujeres que se encuentran generalmente a cargo del cuidado las que no pueden acceder al mercado de trabajo por la falta de acceso a la escolarización. En síntesis, si bien la gestión de la educación pública siempre tiene impacto en las trayectorias educativas individuales de niños, niñas y adolescentes, y en el plan de vida de sus familias, es en el marco de una situación de fuerte crisis económica que la política pública se torna decisiva para la promoción de la inclusión social.

Observatorio Universitario de Buenos Aires (OUBA) Producido por Filo UBA