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Despidiendo y desarmando el Estado

En los últimos días se conocieron nuevos despidos en la central nuclear Atucha en Zárate. Más de 250 trabajadores y trabajadoras perdieron su puesto de trabajo, profundizando, además, el naufragio de la política energética nacional. Se trataba de trabajadores de la "planta permanente" con mucha antigüedad, en su mayoría pertenecientes a la Unidad de Gestión de Proyectos Nucleares encargada de las nuevas obras.

Hace tiempo los gremios denuncian el desfinanciamiento y desmantelamiento de los proyectos del sector nuclear por parte de “Cambiemos”. En 2016 se habían producido más de 2.000 despidos luego de que el gobierno paralizara la construcción de la planta de Atucha II. Esta vez, los despidos se producen luego del anuncio de cancelación del proyecto Atucha III por “restricciones presupuestarias” aunque contaba con financiamiento internacional, principalmente de China. Sin embargo, luego Macri anunció un nuevo convenio con China, pero postergando la central para 2022 y con menor componente argentino. El proyecto cancelado prometía generar empleo y producción de componentes nacionales en gran escala, además de avanzar hacia la soberanía energética.

Los científicos e ingenieros especializados en tecnología nuclear que perdieron su trabajo tal vez estén tentados de migrar y será doloroso verlos partir, una vez más, en la historia argentina. Entretanto, las PYMES que aspiraban a ser proveedoras de la central,en su mayoría metalúrgicas junto a las empresas dedicadas a la obra civil, tendrán que rever sus cálculos ya bastante desorganizados por los persistentes tarifazos e inflación. También es previsible que la cancelación afecte la Planta Industrial de Agua Pesada (Piap) de Neuquén, así como a la rionegrina INVAP, a la que Macri le canceló convenios que tenía con el Estado nacional.

La indiferencia con la que vienen realizando los despidos ilegales en escala de a centenares demuestra el poco apego que tienen el Presidente Macri y su gabinete por cumplir con los compromisos asumidos, con las y los trabajadores de las obras estratégicas para el desarrollo nacional, y en el caso del sector nuclear con los países con los que se acordó el financiamiento para el desarrollo de obras para el mediano y largo plazo.

En definitiva, para cumplir con el FMI, los equipos de gobierno se aprestan a planificar y llevar adelante el ajuste a costa del pueblo argentino en materia de educación, salud, servicios y salarios, mostrando el doble estándar oficial: la “seguridad jurídica” vale sólo para los empresarios y los organismos internacionales de financiamiento, pero no son garantía de estabilidad para las personas que viven de su trabajo en la Argentina y son asediadas por subas de tarifas y la pérdida de poder adquisitivo en paritarias "techadas".

Los despidos en Atucha se suman al vaciamiento planificado de otras áreas de valor estratégico para la Argentina, como las de Fabricaciones Militares, el INVAP o el INTI. Irónicamente, la protección de tales recursos es invocada por el Ejecutivo para desplegar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, contraria a la ley.