Volver

El ajuste no es retroactivo

“Fernández Pastor Miguel Angel c/ ANSES s/amparos y sumarísimos”  Cámara Federal de la Seguridad Social - Sala 3

Hace unos días se conoció el fallo judicial contra la reforma previsional, dictado por la Cámara Federal de la Seguridad Social en el marco de un amparo. El demandante cuestionó la ley 27.426 sancionada en diciembre de 2017 –y repudiada en dos manifestaciones masivas–  y reclamó porque sus haberes de marzo fueron calculados bajo el índice de movilidad que estableció la reforma y no bajo el índice anterior, resultando en un menor aumento del haber. Cuestionaba que se aplicara la ley de la reforma de manera retroactiva, es decir que la fórmula de la ley de diciembre de 2017 se aplicara incluso sobre los meses anteriores a su vigencia.

Recordemos que la Constitución Nacional dispone la movilidad de pensiones y jubilaciones para garantizar la seguridad social de quienes las perciben. La reforma previsional cambió el índice de movilidad. Desde el 2008, la ley 26.417 consagró la movilidad calculada semestralmente, utilizando una fórmula que tomaba en cuenta los aumentos de los recursos tributarios recibidos por ANSES (entre los cuales estaba el Impuesto a las Ganancias) y la variación salarial, funcionando como un indicador de participación de los trabajadores en el crecimiento económico. De esta manera, las y los trabajadores en pasividad y pensionados participaban en las mejoras alcanzadas por el conjunto de trabajadores en actividad y a nivel general, reflejadas en los aumentos de salarios y de la recaudación tributaria. Esto cumplía con el principio de solidaridad del sistema de la seguridad social y con el carácter redistributivo que debe tener.

El nuevo índice establecido en la ley de diciembre de 2017 cambia esta fórmula y la hace depender de la inflación y en menor medida, de los índices de aumentos salariales. Además establece que los aumentos de los haberes de jubilaciones y pensiones se harán trimestralmente. En un contexto donde el gobierno de Cambiemos está interviniendo fuertemente en las paritarias para asegurarse de que cierren a la baja, inclusive por debajo de sus estimaciones de “metas de inflación” y hasta recurriendo a la policía para acallar los reclamos laborales, es claro que el índice de movilidad así expresado entraña un perjuicio para las y los trabajadores. El gobierno no podía ocultar esta realidad y por eso las y los trabajadores y jubilados salieron a las calles el 14 y 18 de diciembre a expresar su repudio. 

Esto trajo muchos reclamos judiciales y la sentencia de la Cámara llega en el marco de uno de ellos. Allí los jueces consideraron que a su criterio la ley de la reforma previsional no era inconstitucional, aunque indicaron que el análisis se tendrá que hacer en el tiempo dada la “fluctuante situación económica por que atraviesa el país”. Hacen notar que el “subsidio extraordinario” que se otorgó por decreto reconocía esta situación de una baja notoria del porcentual de ajuste. Sin embargo, rechazaron que la ley se aplique retroactivamente, para calcular el período entre julio de 2017 y marzo de 2018, ya que la ley fue sancionada en diciembre de 2017 y no se podría aplicar la fórmula que establece a los meses anteriores. La aplicación de las leyes para atrás en el tiempo es algo excepcional y que no puede lesionar derechos constitucionales adquiridos.

Si bien en nuestro sistema jurídico las sentencias judiciales no tienen efectos por fuera del caso en el que se dictan, es un precedente importante y un criterio que pueden compartir otros jueces en los expedientes que hoy tramitan ante el fuero de la seguridad social. La causa que comentamos es de un demandante particular, pero existen causas colectivas que podrían resolverse en similar sentido respecto de todas y todos los jubilados, sentando en el banquillo a la reforma previsional que repudiamos.

   

Sentencia accesible en: http://www.ips.com.ar/imagen/fernandez-pastor-anses-amparos-sumarisimos.pdf