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Freno a los atropellos a la libertad sindical

Esta semana la Corte Suprema de Justicia dejó en claro que la competencia para dirimir cuestiones de la vida sindical corresponde al fuero laboral y no al fuero penal al que el Ministerio de Trabajo pretendía recurrir para usarlo en su estrategia anti gremial.

En el año 2016 la cartera a cargo de Jorge Triaca dispuso la intervención de la Unión Personal de Seguridad. El sindicato presentó un recurso ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con competencia sobre dichos asuntos de acuerdo a la ley de asociaciones sindicales 23.551.El delegado normalizador nombrado por Triaca denunció ante el juzgado federal que un grupo de personas le impedían ingresar a la sede del sindicato para cumplir con la intervención, y se abrió un expediente por el delito de resistencia o desobediencia a un funcionario público. En el marco de ese expediente, el juez penal avanzó sobre sus competencias naturales de investigación y ordenó al Ministerio de Trabajo convocar a elecciones, “a fin de salvaguardar los derechos constitucionales de los trabajadores del sindicato”. De esta manera, Triaca pretendía conseguir una cobertura legal para la intervención del sindicato, invocando que un juez (penal, sin competencia laboral) le había ordenado llamar a elecciones para “regularizar” la situación del gremio.

Ante este avance indebido sobre sus competencias, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo solicitó al juez penal que se inhibiera de seguir interviniendo sobre temas que son de su competencia. El juez federal rechazó el pedido y ante este evidente conflicto de competencias, la Corte emitió un fallo donde deja en claro que es el fuero laboral y no el penal el que tiene competencia en todo lo vinculado al conflicto sindical que se estaba tramitando ante la Cámara de Apelaciones del Trabajo.

En todo caso, el juez federal se tendrá que limitar a investigar si existió el delito de desobediencia a la resolución de Triaca. El dictamen de la Procuración general -emitido por Casal, también interventor- hace notar que este juez no tiene un rol de “garante” de los derechos sindicales en el proceso penal, tal como éste se arrogaba para justificar la orden al Ministerio para que llame a elecciones.

El fallo de la Corte fue interpretado como un rechazo a las pretensiones del gobierno de avanzar sobre la vida sindical mediante la justicia penal federal, que está siendo sistemáticamente usada por el gobierno de Macri como instrumento de persecución política. Es importante también ratificar la competencia del fuero laboral que por la especialidad de la materia es la que tiene competencia. El enfoque para gestionar un conflicto sindical no puede ser penal, el derecho penal debe ser utilizado solamente como “última instancia” y no como la herramienta habitual de intervención en temas laborales. Sin embargo se observa la predilección del gobierno por echar mano a las figuras penales de “desobediencia” y “resistencia a la autoridad” tanto para perseguir a organizaciones sindicales como para detener con la policía a las y los trabajadores cuando ejercen su derecho a manifestarse en las calles en repudio a las medidas de gobierno. En el proyecto del oficialismo para modificar el Código Penal se agravan todas las penas para este tipo de delitos, a tono con el avance represivo que pregonan en general.