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La Corte reafirma que la sindicalización es un derecho

En un contexto en el que el gobierno intensifica los ataques contra las organizaciones gremiales vale la pena destacar una reciente decisión de la Corte Suprema en la que reafirma la protección a quienes promueven la defensa de los derechos laborales y se organizan para llevarla adelante.

José Varela había sido destacado como "mejor empleado" por la empresa de supermercados “Vea” en Catamarca, donde trabajaba hacía diez años, pero fue injustamente despedido cuando comenzó a hacer gestiones para que hubiera un/a delegado/a sindical, como manda la ley. Son sabidas las maniobras anti-sindicales en este tipo de establecimientos, y hay varios fallos judiciales contra Disco/Cencosud, así como son conocidas estas cadenas por los despidos masivos como fue el caso de Carrefour hace unos meses con aval gubernamental.

En este caso, Varela había contactado al sindicato de comercio y al Ministerio de Trabajo para que se convocara a elecciones de delegados, y estaba probado que contaba con el apoyo de sus compañeras y compañeros. La empresa sorprendió en ese contexto con una supuesta sanción disciplinaria que fue cuestionada, exigiendo que le permitiera a los trabajadores reunirse y proceder a la elección. La respuesta fue el despido. El Poder Judicial de Catamarca rechazó el pedido de reinstalación que hizo el empleado y consideró que la ley 23.592 -que prohíbe actos discriminatorios– no era aplicable. La Corte Suprema revocó esta decisión y ordenó emitir un nuevo fallo, definiendo el accionar del supermercado como discriminatorio por la militancia gremial de Varela.

Es valioso que la Corte considere que la libertad sindical está relacionada con otras libertades “esenciales del estado constitucional vigente en la República” de reunión, de expresión y de asociación, inseparables de la libertad de opinión. Si no se asegura su ejercicio, entonces difícilmente puedan las y los trabajadores ejercer su derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes para proteger sus derechos.

Más allá de lo positivo del fallo en este sentido, también hay que señalar que el accionar empresarial privó del ejercicio de un derecho colectivo al conjunto de trabajadores del establecimiento que estaban intentando organizarse. Los daños colectivos son difíciles de calcular, pero sus efectos se hacen sentir: el temor del resto de las y los trabajadores a las represalias por ejercer los derechos, un mensaje que promueve la inacción, quebrando lazos de solidaridad. El caso judicial donde se ventila el despido de José Varela no repara esos efectos que son de largo plazo y se sienten sobre cada uno de los trabajadores y trabajadoras y sobre el colectivo.

De todos modos, el fallo es importante en el actual contexto, donde se reiteran los intentos por licuar el peso de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras que defienden los derechos más fundamentales como son un salario digno, puestos de trabajo o condiciones laborales soportables. Por ejemplo, en Estados Unidos el gigante “Amazon” comenzó una campaña de desprestigio en su cadena de supermercados de productos orgánicos, donde “alertan” a los gerentes respecto a los “intentos de sindicalización” exponiendo que los sindicatos “no son necesarios” en la actualidad y pueden, aún, “empeorar” las condiciones laborales.

En nuestro país el gobierno de Juan Domingo Perón estableció un piso de derechos laborales individuales y colectivos básicos. La dictadura se apuró a suprimirlos por la fuerza y aún hoy nuestra ley de contrato de trabajo está trunca frente a su letra original. El valor de la organización sindical para la protección de derechos fue reconocida también durante el gobierno de Alfonsín, que sancionó en 1988 la ley de asociaciones sindicales 23.551 en la que se destaca que “La acción sindical contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador”, entendiéndose por “interés de los trabajadores” “todo cuanto se relacione con sus condiciones de vida y de trabajo”.

Las avanzadas del gobierno nacional y los provinciales intentan por todos los medios deslegitimar a las organizaciones y perseguir a sus representantes. Con su propuesta de reforma laboral quieren barrer con los derechos, con los despidos dejan a miles de familias en la calle, con la degradación de la cartera laboral a “Secretaría” quieren profundizar la desprotección. Los frentes de disputa son muchos. Pero como decía Perón, “la organización vence al tiempo”: la herramienta colectiva es fundamental para hacer frente a estas agresiones y sostener la vigencia de los derechos.