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Más luces de alerta sobre el empleo

Hace pocos días se conoció la cantidad de empresas que se presentaron en un Proceso Preventivo de Crisis -regulado por la ley 24.013- en el último año. Conocer los alcances y el impacto que podría llegar a tener o no sobre las y los trabajadores es fundamental para que en esta crisis que se está viviendo no se sigan registrando aún más abusos sobre los empleados y empleadas.

Durante 2018 se presentaron más de 100 empresas ante el ex Ministerio de Trabajo, hoy degradado a Secretaría. Este dato representa un incremento de más del 70% frente a las 63 empresas que se habían presentado en 2017. Solamente en agosto de 2018 se presentaron 30 empresas.

El Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) es un mecanismo regulado por ley que las empresas deben iniciar antes de suspender o despedir a una proporción importante de sus trabajadores, y en el que se debe dar intervención a los sindicatos. Las empresas deben informar detalladamente de qué manera las suspensiones o despidos se deben a causas ajenas a ellas, las medidas que planea adoptar y durante qué lapso de tiempo, cantidad de trabajadores que se desempeñan en la empresa y cuántos serán afectados, sus estados contables de los últimos tres años, además de otras propuestas para el caso de que la empresa tenga más de 50 empleados, dirigidas al mantenimiento del empleo. La Secretaría de trabajo  debe convocar a las partes y se abre un período de negociación. Hay que señalar que estos procedimientos se dan en un contexto de fuerte embestida del gobierno nacional contra los sindicatos. Esto conlleva una mayor desprotección de los trabajadores por los que el Estado también debería velar.

Mientras, el INDEC informa que respecto del año pasado la construcción se contrajo un 4,2%, y la industria un 11,5% medido hasta septiembre y la UIA calculando más de 90.000 despidos durante el gobierno de “Cambiemos”. Los fríos números confirman la crisis económica que se siente en todos los hogares y el fuerte estancamiento de la actividad económica que es el argumento que suele invocarse para entrar en el PPC.

El Presidente de la Nación y sus ministros reiteran que están “trabajando para preservar el empleo” y monitoreando los niveles de actividad, pero después de 3 años de gestión de “Cambiemos” a nivel nacional (y casi 12 en la Ciudad de Buenos Aires) ya sabemos que se trata de un discurso vacío diseñado para la publicidad y los titulares. El PPC y el procedimiento que agregaron por DNU para que los empleadores notifiquen a la cartera de Trabajo antes de efectuar un despido sin justa causa parecen ser instancias meramente burocráticas que no promueven acciones para evitar los despidos a mansalva en el propio Estado.

Peor aún, las acciones y declaraciones del ministro Sica - y del renunciado Jorge Triaca – han ido siempre en el sentido de convalidar el accionar de las patronales, sin poder mostrar ninguna medida para beneficiar a quienes trabajan, como refleja su posicionamiento en el conflicto gremial en Aerolíneas Argentinas, elogiando las suspensiones masivas de trabajadores. Es una postura de absoluta pasividad frente a la caída de la actividad económica y pérdidas de puestos de trabajo, pero eso sí, una pasividad informada por el “previo aviso” que deben dar los empleadores al Ministerio en caso de despidos o el PPC.

Los trabajadores y trabajadoras son el convidado de piedra a esa comedia mientras ven su poder adquisitivo licuado por la inflación. Los datos del INDEC muestran que hasta septiembre, los salarios este año ya perdieron 14 puntos frente a la inflación, ya que subieron un 18,6% ante una suba de precios del 32,4%. El mayor número de empresas que inician un PPC es un mal augurio para los trabajadores porque la empresa ya anuncia su intención de suspender o despedir.

Ningún bono de fin de año sustituye la seguridad de un trabajo, los derechos y protección que conlleva. Las medidas del gobierno de Macri debieran estar encaminadas a su preservación. Hoy parece estar lejos de la agenda prioritaria.