Volver

Paro con derechos y por derechos

Finaliza la jornada de paro general decretada por las centrales obreras de la Argentina con un alto nivel de acatamiento a nivel federal. El lunes la Plaza de Mayo fue testigo de una nueva movilización masiva de las organizaciones gremiales, sociales y políticas en reclamo por las políticas que lleva adelante el gobierno contra las y los trabajadores. Los representantes gremiales reclaman por la pérdida de puestos de trabajo y por el deterioro del salario y de las condiciones laborales de los trabajadores argentinos. 

El presidente Macri está en Nueva York negociando con el FMI el ajuste que, en las calles de su país, los trabajadores rechazan. El gobierno muestra una insensibilidad y un desprecio por el reclamo de sus compatriotas y un nivel de improvisación que alarma. 

Lejos de escuchar y dialogar, el Poder Ejecutivo usa al Poder Judicial para criminalizar a los sindicatos y sus representantes e intervenir ilegalmente las organizaciones. Esta misma semana se conoció el apartamiento de dos jueces laborales de la causa por los despidos de Télam, a quienes Macri ya había criticado públicamente, haciendo abuso de su lugar de poder y atropellando la división de poderes republicana que dice defender. Esto también tiene sus expresiones a nivel local: la semana pasada una fiscal se atrevió a equiparar a un gremio del subte con una “asociación ilícita” que tiene por finalidad cometer delitos.

Debemos recordar que son las leyes las que reconocen la importancia de las organizaciones sindicales en la defensa, protección y promoción de los derechos de las y los trabajadores. Porque en tiempos de precarización y pérdida de derechos, las y los trabajadores deben recordar que en nuestra propia Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, se les garantiza a las organizaciones gremiales el derecho de huelga y la libertad sindical, asegurando a sus representantes las garantías necesarias para cumplir con su gestión gremial. Aunque esté en nuestra ley fundamental, no deja de ser actual su contenido y los intentos por volverla letra muerta: hace tan sólo algunos días la Corte Suprema debió recordarle a la Corte de Catamarca que la militancia gremial goza de la tutela de las leyes, en el caso “Varela”. En ese caso, la empresa de supermercados Disco había despedido a un trabajador que reclamaba la elección de un delegado gremial en su lugar de trabajo. La Corte sostuvo que los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de asociación son constitutivos de la libertad sindical que debe ser garantizada y que incluye derecho de los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes.

Por su parte, la ley de asociaciones sindicales de 1988 agrega que se debe entender por “interés de los trabajadores” “todo cuanto se relacione con sus condiciones de vida y de trabajo. La acción sindical contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador”, lo muestra la centralidad de la acción gremial para lograr y proteger derechos y su reconocimiento en el texto de la ley. Más adelante ejemplifica entre los derechos sindicales de los y las trabajadoras, el de “reunirse y desarrollar actividades sindicales” así como “peticionar ante las autoridades y los empleadores”. Como en el texto constitucional, a las asociaciones sindicales se les reitera el derecho de formular su programa de acción y en especial el derecho de huelga como una de las formas de acción sindical. 

La resistencia a las políticas de ajuste y a la precarización, al “déficit cero” que quieren imponer a costa de los derechos y el sustento de las familias, se expresa de múltiples maneras y el derecho a huelga es uno de ellos, reconocido en nuestro máximo texto legal.