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Prohibición de acercamiento por violencia de género en el lugar de trabajo

Referencia: “SERRANO EVA GABRIELA C/ CENCOSUD S.A. Y OTRO S/ JUICIO SUMARISIMO”. 12/07/17


Merece un comentario el primer caso judicial en el fuero laboral en el que se hizo lugar a una medida cautelar solicitada por una empleada de una sucursal de “Easy”, ordenándose a un delegado gremial que ejercía violencia contra ella la prohibición de acercamiento durante los horarios laborales de la trabajadora a la vez que se ordenó a la empresa Cencosud a que adoptara medidas para garantizar su integridad. Esto implicaba impedir al delegado el ingreso al establecimiento en los días y horarios en que ella prestaba tareas.


La ley 26.485 del año 2009 de “protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollan sus relaciones interpersonal” ofrece una definición de violencia de género, entendiendo que se trata de conductas que de manera directa o indirecta, basadas en una relación desigual de poder, afecten la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de las mujeres, como así también su seguridad personal. La ley contempla entre otras modalidades la violencia laboral y la institucional, reconociendo que puede ocurrir tanto en organismos públicos como en otras instituciones como empresas, sindicatos, entre otras organizaciones.


Además de la protección debida a la trabajadora en virtud de esta ley específica, los jueces señalaron que la empresa Cencosud tiene el deber de seguridad derivado del art. 75 de la ley de contrato de trabajo 20.744 que manda al empleador a “tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores” y mantener un buen ambiente de trabajo, en el caso para evitar que pueda ocurrir un acto de violencia hasta el dictado de una sentencia definitiva.


La medida preventiva dictada por la jueza de primera instancia fue confirmada en segunda instancia, si bien uno de los jueces votó en disidencia. A propósito de la igualdad de género, cabe mencionar la existencia de un proyecto en el ámbito del Consejo de la Magistratura para que las ternas de los concursos para juez/a tengan integración femenina, entre otras medidas para promover la carrera judicial de las mujeres y para dar cumplimiento al deber constitucional de integrar la perspectiva de género en todos los ámbitos de decisión estatal. En el caso, la sala que confirmó el resolutorio de primera instancia estaba conformada por tres jueces varones. El proyecto planteado por la jueza y consejera Gabriela Vázquez destaca la baja proporción de mujeres en los cargos más altos del poder judicial, que por ejemplo componen apenas un cuarto del total de jueces camaristas de acuerdo al “Mapa de género de la justicia argentina” elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte.


Si bien en este caso la materia laboral y necesidad de resguardo de la trabajadora surge con claridad para lograr su tutela en ese fuero, es importante recordar que las medidas preventivas que menciona la ley 26.485 (tal como la prohibición de acercamiento al lugar de residencia o de trabajo, entre otras mencionadas en el art. 26) pueden ser dictadas aún por un juez/a que no resulte competente (art. 22 de la ley).