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Un fallo que prescinde de las leyes y la Constitución

Hace pocos meses se conoció la sentencia de la Corte Suprema en el caso “Rica” en el cual un médico neurocirujano reclamaba al Hospital Alemán y a una asociación “Médicos Asociados Sociedad Civil” ("MASC") la indemnización por despido injustificado y las multas que prevé la Ley de Empleo por falta de registro de la relación laboral, considerando que ése era el vínculo que lo unía con el Hospital. Cabe señalar que ambas instituciones abonaban los honorarios al médico. En primera y segunda instancia judicial se le dio la razón al médico. Sin embargo, la Corte dejó sin efecto esos pronunciamientos y consideró que el fallo de Cámara no había considerado adecuadamente los argumentos de las partes ni la prueba producida en el expediente, generando importantes críticas de los abogados laboralistas que conocemos que detrás de los “monotributos” suelen ocultarse verdaderas relaciones laborales… (Nota: Relación laboral más allá de las facturas)

Al dejar sin efecto el fallo de las instancias anteriores, la Corte mandó a dictar una nueva resolución, lo cual fue cumplido por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo esta semana. Lamentablemente la decisión de la Cámara fue adoptada intentando “leer”el sentido del pronunciamiento efectuado por el Supremo Tribunal, negándole naturaleza laboral a la relación del doctor Rica con el Hospital Alemán e interpretando (erróneamente) elementos probatorios para excluir la aplicación de la legislación laboral.

El artículo 23 de la ley de contrato de trabajo es claro en la presunción que establece a favor del trabajador: “la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. Esa presunción operará igualmente aún cuando se utilicen figuras no laborales, para caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio” (el destacado me pertenece).

A pesar de la claridad de la norma, la Cámara repitió los argumentos de la Corte, que entre otras cosas señaló que el médico era parte de una “Asociación de Médicos y Profesionales del Hospital Alemán” la cual “junto” con el Hospital Alemán prestaban servicios “a terceros”, con lo cual consideró que el médico no era ajeno a la empresa (el Hospital) sino que “participaba” de las facultades de organización y dirección de la empresa. También consideró la existencia de una “Guía de la Actividad del Cuerpo Profesional del Hospital” elaborada por la “Asociación” a la que el médico se sometió “voluntariamente” “para cumplir con el contrato que lo unió con la demandada” (el Hospital)  y que dicha guía regulaba la elección conjunta de personal jerárquico del Hospital, lo cual “pone de manifiesto que dichos profesionales tenían una injerencia directa en la organización misma del factor trabajo para la prestación de servicios médicos”.

“En definitiva, el actor integraba de manera asociativa al Hospital demandado, y no de forma subordinada”, sentenció.

Además de reproducir las consideraciones que hiciera la propia Corte, la Cámara mencionó un “hecho nuevo” que planteó el médico como prueba, acerca de que el Hospital mismo lo había declarado como en “Relación de dependencia” frente a una compañía aseguradora. Sin embargo, el tribunal no lo tuvo en cuenta ya que consideró que la denuncia de tal hecho se hizo fuera del plazo admisible.

También debemos advertir que la Cámara repite el argumento de la Corte en cuanto que resulta “suspicaz” que el médico no haya efectuado ningún reclamo durante los 7 años que duró la contratación. De esta manera, los jueces pasan por alto que, en la vida real, la mayoría de los reclamos del empleado al empleador suelen terminar en despidos. Esta misma semana la Corte lo ponderó en su fallo “Varela”. Por lo demás, el argumento en sí mismo es repudiable: es lo mismo que cuestionar los dichos de una víctima de violencia porque “no denunció antes” la situación que vivía.

Por lo demás, recordemos que cuando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional dispone que las leyes deben garantizar derechos, entre ellos refiere el de colaboración en la dirección de la empresa. Decir que una relación no es laboral porque hay colaboración con la dirección empresarial es pasar por alto el precepto constitucional sin más.

Ningún tipo de Guía o acuerdo puede derogar los derechos que provienen de la propia Constitución Nacional y de la Ley de Contrato de Trabajo. Resulta lamentable que en este momento político los jueces opten por interpretaciones mañosas que solamente generan mayor incertidumbre y desprotección entre las y los trabajadores.